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REVÉS JUDICIAL PARA BHP: TRIBUNAL ACOGE DEFENSA DEL SINDICATO DE SPENCE Y DECLARA QUE CONFLICTO POR PARALIZACIONES DEBE RESOLVERSE EN LA JUSTICIA LABORAL

Viernes 20 de noviembre del 2026

 

El Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Antofagasta acogió la excepción de incompetencia presentada por el Sindicato de Trabajadores de Minera Spence, frente a una demanda indemnizatoria de la compañía por paralizaciones laborales. La resolución representa un resultado favorable para la organización sindical y establece un antecedente relevante para el mundo minero, al reafirmar que los conflictos vinculados al ejercicio de la huelga y la negociación colectiva deben ser examinados por los tribunales laborales.

Un importante resultado judicial obtuvo el Sindicato de Trabajadores de Minera Spence, perteneciente al grupo BHP, luego de que el Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Antofagasta acogiera su excepción de incompetencia frente a una demanda de indemnización de perjuicios presentada por la empresa a raíz de paralizaciones de trabajadores.

La resolución, correspondiente a la causa C-3055-2026, determinó que el tribunal civil no tiene competencia para resolver una controversia cuya naturaleza está directamente relacionada con el ejercicio de derechos colectivos, la actividad sindical y las normas que regulan la huelga.

En términos simples, el tribunal estableció que una controversia originada en paralizaciones sindicales no puede ser tratada como un conflicto civil común cuando su resolución exige determinar si los trabajadores y su sindicato actuaron conforme a la legislación laboral.

¿Qué reclamaba BHP contra el sindicato?

Según los antecedentes recogidos en la resolución, la empresa buscaba obtener una indemnización por los perjuicios económicos que atribuía a diversas jornadas de paralización.

BHP sostenía que estas movilizaciones se habían desarrollado fuera de un proceso de negociación colectiva reglada, sin una votación formal de huelga y sin cumplir los procedimientos contemplados en el Código del Trabajo.

La compañía también argumentó que las paralizaciones habían involucrado la inasistencia coordinada de 763 trabajadores a sus respectivos turnos, con el propósito de presionar por el pago de un bono extraordinario.

Sobre esa base, atribuía al sindicato responsabilidad por organizar y sostener movilizaciones que consideraba ilegales.

Sin embargo, estas afirmaciones corresponden a los argumentos de la empresa contenidos en su demanda y no a hechos cuya veracidad haya sido establecida por el tribunal.

¿Por qué el tribunal acogió la defensa sindical?

El punto central del fallo está en determinar qué tipo de tribunal debe resolver una controversia de estas características.

El juzgado concluyó que, para establecer si correspondía indemnizar a la compañía, primero sería necesario pronunciarse sobre la legalidad de las paralizaciones y determinar si el sindicato infringió las normas que regulan la negociación colectiva y la huelga.

Esa evaluación, sostuvo, corresponde a los tribunales laborales y no a la justicia civil.

La resolución se fundamenta especialmente en el artículo 420 del Código del Trabajo, que establece las materias que deben conocer los Juzgados de Letras del Trabajo, incluyendo controversias relacionadas con la aplicación de las normas laborales, la organización sindical y la negociación colectiva.

El tribunal también hizo presente que no existía una sentencia laboral previa que hubiera declarado ilegales las paralizaciones cuestionadas.

Por lo tanto, el juzgado civil no podía asumir la tarea de determinar esa eventual ilegalidad como fundamento de una indemnización.

La decisión marca una distinción importante: aunque una empresa reclame compensaciones económicas, el conflicto sigue siendo de naturaleza laboral cuando su resolución depende de interpretar las normas que regulan la actividad sindical y el derecho a huelga.

¿Significa que el sindicato ganó definitivamente el juicio?

No exactamente. La resolución constituye un triunfo procesal para la organización sindical, pero no resuelve el fondo de la controversia.

El tribunal acogió la excepción presentada por el sindicato el 30 de octubre de 2026 y se declaró incompetente para continuar conociendo la demanda.

Esto significa que BHP no podrá continuar esa acción ante el mismo juzgado civil en los términos resueltos, sin perjuicio de los recursos judiciales que pudieran corresponder.

La sentencia no declaró legales las paralizaciones, pero tampoco estableció que fueran ilegales ni determinó responsabilidad indemnizatoria del sindicato.

Si la compañía pretende continuar con su reclamación, deberá acudir a la jurisdicción competente, conforme a las acciones y procedimientos que correspondan.

Asimismo, el tribunal decidió no condenar a BHP al pago de las costas del juicio, considerando que tuvo motivos plausibles para litigar.

Un antecedente relevante para el sindicalismo minero

Más allá del resultado particular de este proceso, el fallo adquiere importancia para las organizaciones sindicales de la minería, sector donde las paralizaciones pueden tener efectos económicos significativos y donde las negociaciones colectivas suelen desarrollarse en escenarios de alta tensión entre empresas y trabajadores.

La resolución reafirma que los conflictos relacionados con la huelga y la actividad sindical deben analizarse dentro del marco especializado del derecho laboral, con las normas y garantías que corresponden a este tipo de controversias.

Esto resulta especialmente relevante frente a demandas indemnizatorias que buscan atribuir a las organizaciones sindicales responsabilidades económicas por las consecuencias de sus movilizaciones.

El razonamiento del tribunal establece un límite a la posibilidad de llevar estas controversias directamente a la justicia civil, cuando para resolverlas resulta indispensable examinar el ejercicio de derechos laborales colectivos.

No obstante, la resolución también distingue estas situaciones de eventuales actos ilícitos independientes del conflicto laboral, como daños a instalaciones, destrucción de maquinaria u otros hechos que podrían dar lugar a responsabilidades civiles.

Por lo tanto, el fallo no establece una inmunidad general de los sindicatos frente a demandas indemnizatorias, sino que precisa cuál es la jurisdicción competente según la naturaleza de los hechos reclamados.

Judicialización de los conflictos y ejercicio del derecho a huelga

El caso también abre una discusión de mayor alcance para el movimiento sindical: las consecuencias que pueden tener las demandas económicas de las empresas sobre las organizaciones de trabajadores.

En una actividad como la minería, donde una paralización puede representar pérdidas operacionales importantes, las acciones indemnizatorias plantean interrogantes sobre sus efectos en el ejercicio de la acción colectiva.

Desde la perspectiva sindical, este tipo de demandas puede interpretarse como un mecanismo de presión, debido a la incertidumbre económica y judicial que genera enfrentar reclamaciones por eventuales perjuicios derivados de movilizaciones.

Sin embargo, el tribunal no se pronunció sobre una eventual intención de amedrentamiento por parte de BHP. Su decisión se concentró exclusivamente en establecer que la justicia civil no era competente para conocer el conflicto.

El valor de esta resolución para el mundo sindical minero radica precisamente en que reafirma la necesidad de examinar las controversias sobre paralizaciones y derechos colectivos en la justicia laboral, sin que una reclamación económica cambie por sí sola la naturaleza del conflicto.

Para el Sindicato de Trabajadores de Spence, la decisión representa un resultado favorable frente a la acción judicial emprendida por BHP. Para las demás organizaciones sindicales del sector, constituye un antecedente que puede ser considerado al enfrentar controversias similares, aunque cada caso deberá resolverse conforme a sus propios hechos y fundamentos jurídicos.

El pronunciamiento deja, además, una cuestión de fondo: cómo compatibilizar el derecho de las empresas a reclamar por eventuales perjuicios con las garantías que protegen la organización sindical y la acción colectiva de los trabajadores.

Una discusión que, en la minería chilena, trasciende ampliamente el caso particular de Spence.

PRENSA PODER LABORAL

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