Federaciones mineras expresaron preocupación por el informe entregado al Gobierno, que incluye cambios en jornada laboral, indemnización por años de servicio, polifuncionalidad y causales de despido. Desde el sector sindical advierten que, bajo el argumento de reactivar el empleo, se podría abrir una agenda de retroceso en derechos laborales.
Las propuestas de la Mesa de Reactivación Laboral comenzaron a generar una fuerte preocupación en organizaciones sindicales del mundo minero, luego de que el Gobierno recibiera el informe final elaborado por una comisión de expertos convocada por el Ministerio del Trabajo. El documento contiene 22 medidas agrupadas en cinco ejes, entre ellos empleo femenino, subsidios, capacitación, información del mercado laboral y regulación laboral con impacto en el empleo. Aunque desde el Ejecutivo se ha presentado el informe como una herramienta para enfrentar la crisis de empleo, con una tasa de desocupación que llegó a 9,4% en el trimestre marzo-mayo, las organizaciones de trabajadores advierten que varias de sus recomendaciones podrían traducirse en una flexibilización laboral de alto impacto para la estabilidad, los ingresos y los tiempos de descanso.
Uno de los puntos que genera mayor inquietud es la propuesta de extender el período de referencia para calcular el promedio de la jornada ordinaria, desde las actuales cuatro semanas a un rango que podría llegar a 15 o incluso 52 semanas. Según lo publicado por La Tercera, el informe plantea mantener un techo semanal de 52 horas, sumando horas ordinarias y extraordinarias, y simplificar la autorización de jornadas excepcionales en sectores de operación continua, mencionando expresamente a la minería. Para el mundo sindical minero, este punto no es menor. En faenas con turnos extensos, traslados prolongados y altos riesgos operacionales, ampliar los márgenes de distribución de la jornada podría afectar directamente el descanso efectivo, la vida familiar y la seguridad laboral. Un análisis jurídico elaborado por SanWall, asesores de sindicatos de supervisores vinculados a FESUMIN, advierte que estas medidas podrían debilitar protecciones construidas durante años y trasladar a los trabajadores los costos de la adaptación empresarial.
La preocupación también se extiende a la eventual eliminación gradual de la indemnización por años de servicio, que sería reemplazada por un mecanismo de indemnización a todo evento financiado mediante una cotización adicional al Seguro de Cesantía. A juicio de las organizaciones sindicales, esta fórmula podría reducir el costo del despido para las empresas y debilitar uno de los resguardos históricos frente a la pérdida del empleo. En esa misma línea, la Federación de Sindicatos de BHP Chile calificó el informe como “una agenda inaceptable contra los derechos de las y los trabajadores” y sostuvo que las medidas representan “un atentado contra las futuras generaciones”. La organización cuestionó que avances como el salario mínimo, la Ley de 40 horas y el aumento de la cotización previsional del empleador sean tratados como “costos laborales”, cuando para los trabajadores constituyen conquistas sociales básicas.
Otro eje crítico es la propuesta de reforzar la polifuncionalidad en los contratos y reponer la “falta de adecuación” del trabajador como parte de las causales asociadas a necesidades de la empresa. Desde la mirada sindical, estas modificaciones podrían facilitar despidos bajo criterios amplios y definidos unilateralmente por el empleador, especialmente en escenarios de cambios tecnológicos, reorganización productiva o ajustes internos. La Federación Minera de Chile – FMC fue aún más directa en su evaluación. En un documento interno, sostuvo que las propuestas constituyen “una afrenta radical, transgresora y de alto impacto negativo” para el bienestar laboral, porque apuntan simultáneamente contra la calidad del empleo, la certeza sobre el puesto de trabajo y la capacidad de defensa de los trabajadores. Para la organización, el resultado práctico sería hacer “más fácil, más barato y más seguro despedir”.
El informe también propone revisar mecanismos vinculados a demandas laborales y sistemas de resolución de conflictos. Este punto abrió otra señal de alerta: si el foco se coloca en el impacto económico que las acciones judiciales tendrían para los empleadores, y no en las causas que originan los conflictos dentro de las empresas, el resultado podría ser una restricción del acceso efectivo de los trabajadores a la justicia laboral. Desde FESUMIN, su presidente Óscar Villarroel planteó que el escenario es especialmente preocupante para quienes ingresen al mundo laboral en los próximos años. Según la mirada recogida en el análisis sindical, el rol de las organizaciones no puede limitarse a administrar beneficios o contratos colectivos, sino que también debe incluir la información y formación de sus bases frente a eventuales cambios legales que podrían precarizar el empleo.
El Gobierno ha señalado que las recomendaciones de la Mesa serán evaluadas y que algunas podrían transformarse en indicaciones o proyectos de ley. Por ahora, el informe no constituye una reforma legal en sí misma, pero sí instala una hoja de ruta que ya comenzó a ordenar el debate laboral bajo una lógica de reducción de costos, flexibilización y adaptabilidad empresarial.
Para Poder Laboral, el punto central es que la crisis del empleo no puede resolverse debilitando derechos. Chile necesita más trabajo formal, pero también empleo digno, estable, seguro y con participación efectiva de las organizaciones sindicales. Si la reactivación laboral se construye sobre jornadas más flexibles, despidos menos costosos y menor capacidad de defensa para los trabajadores, el resultado no será modernización: será precarización con lenguaje técnico.
La discusión que se abre no es solo económica ni administrativa. Es una disputa sobre quién paga los costos de la crisis laboral. Y desde el mundo del trabajo la advertencia ya está instalada: ninguna medida que afecte derechos laborales debiera avanzar sin participación vinculante de las organizaciones sindicales y sin una evaluación real de sus efectos sobre la vida cotidiana de trabajadores y trabajadoras.
Revisa las declaraciones de cada Federación en los siguientes enlaces:
PRENSA PODER LABORAL
