Por Waldo Pérez Tapia
Presidente del Sindicato de Supervisores de Minera Los Pelambres
Quienes llevamos años trabajando en minería sabemos que la seguridad es un valor, por lo tanto, no se transa. Chile siendo un País minero, reconocido mundialmente, después muchos intentos y promesas, recién en el gobierno anterior (2023) se ratificó el convenio OIT número 176 de salud y seguridad en la minería, seguidamente se actualizó La Política Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo (2024), la revisión de la PNSS se elaboró durante el 2023, y que incluyó diálogos tripartitos en todo Chile, involucrando a personas trabajadoras de todos los rubros, empleadores y gobierno. Esta política fue aprobada en enero de 2024 por el comité interministerial que fue conformado por los ministerios de Trabajo y Previsión Social, Salud, Agricultura, Minería, Defensa, Economía y Transporte. Es difícil comprender por qué aún la Contraloría General de la Republica no evacúa la revisión de este documento, será que la explicación es, que la Seguridad y la Salud de las y los Trabajadores Chilenos obedece a un color o ideología política?
Resulta incomprensible que el proyecto inicial de Presupuestos 2027 contemplara reducir de 148 a 134 la dotación máxima autorizada del Programa de Seguridad Minera de Sernageomin. Es indispensable aclarar cómo se materializarán esos anuncios y cuáles serán los recursos definitivos.
El marco legal en Chile establece claramente la protección de las y los trabajadores en el ambiente de trabajo en minería, esto es a través del código del trabajo, los organismos encargados de la salud y seguridad OAL, instituciones fiscalizadoras, tales como Sernageomin, dirección del trabajo, Seremías de Salud, cámara de diputados, sindicatos, comités paritarios, etc. Pero la protección no ha sido suficiente. Si se aplicara la normativa actual se reducirían las enfermedades y muertes en las minas, entonces ¿dónde está el problema?, será que las personas que lideran estas organizaciones son puestas o colocadas por los gobiernos de turno o no tienen las competencias técnicas, carencia de los recursos o presupuestos necesarios para realizar su labor, quizás el modelo de negocio o la norma les obliga a obedecer a quien les paga, será que las empresas condicionan e impiden el rol fiscalizador de los comités paritarios o los sindicatos, o definitivamente es que no estamos haciendo bien la pega!!. Es legítimo entonces cuestionar como estamos enfrentando los riesgos en la salud y seguridad de las personas trabajadoras. La causa básica o causa raíz es lo que responsablemente debemos determinar cuando ocurre un accidente, si no somos capaces de llegar a la raíz, difícilmente podremos aprender de un accidente, no controlaremos efectivamente los riesgos y finalmente se repetirán estos lamentables hechos.
A mediados de octubre, la minería chilena ya registraba 13 trabajadores fallecidos durante 2026, siete de ellos en menos de un mes. Detrás de estas cifras hay personas, familias y compañeros de trabajo que deben enfrentar una pérdida irreparable. Los responsables somos todos los que tenemos un rol en la industria minera, que debe seguir siendo la más segura, principalmente los dueños de los recursos, ejecutivos y, los que promulgan, promueven y hacen cumplir la norma en materia de salud y seguridad laboral.
Nos cuesta demasiado recuperarnos en faena luego de un accidente fatal, volver a confiar en el entorno, procesos o equipos, se torna una tarea muy difícil y también se deben considerar las perdidas en producción, económicas y reputacionales de las empresas.
Cíclicamente en minería y en todos los procesos productivos hay un recambio generacional, para esto las empresas deben anticipar este escenario, el rol de la administración y políticas en recursos humanos es fundamental, la prevención de riesgos comienza con:
- políticas claras y simples en materias de seguridad y salud en las empresas y fundamentalmente que se cumplan,
- el tratamiento que se debe dar y las lecciones aprendidas que emanan de los cuasi accidentes es clave para evitar daños en procesos y personas, no olvidar que es la base de la pirámide,
- la selección del personal durante el proceso de contratación, esto es a todo nivel, ejecutivos, supervisores, empleados,
- la inducción y la preparación del hombre o mujer nuevo en la empresa es clave y debe tener un plan de acompañamiento y seguimiento por lo menos durante los primeros seis meses complementándose con los planes individuales de desarrollo, para esto es recomendable incorporar la transferencia de experiencia y conocimientos desde los avezados o modelos a seguir hacia el personal nuevo,
- la formación de una cultura de prevención de riesgos a través la capacitación permanente y sistemática con foco en el desarrollo y actualización de conocimientos y habilidades de todos los empleados,
- revisión constante de las matrices de riesgo, esto debe realizarse en terreno simulando los escenarios posibles y debe contar con la participación de los trabajadores, los que ejecutan la pega,
- los instrumentos de apoyo a la gestión y prevención de riesgos e investigación de accidentes deben ser herramientas que faciliten y no complejicen las labores de los empleados y supervisores,
- promover las fiscalizaciones internas con los comités paritarios y sindicatos, entender que la salud y seguridad de los trabajadores es un objetivo compartido y constituye un mandato legal para los involucrados,
- conocimiento de los procesos, experiencia en terreno, supervisión efectiva y, sobre todo, con la toma de decisiones que sitúen la vida de las personas por encima de cualquier objetivo productivo.
Normalización de muertes de trabajadores contratistas, otra realidad en la industria, que nos conduce cada vez más a la indolencia e inobservancia de ¿cómo se gestionan los riesgos en salud y seguridad del trabajador que se desempeña en una empresa contratista?, ¿se gestionan de la misma forma que en los trabajadores propios o de planta?
Sabemos que son parte fundamental de las actividades productivas y de mantenimiento dentro de las empresas mandantes con este modelo de negocio. Las presiones por cumplir plazos, reducir costos y mantener la continuidad operacional, muchas veces tensionan al máximo sus presupuestos con el afán de adjudicarse un contrato o servicio, esto al final termina debilitando la calidad con que estas empresas funcionan, afectando desde la entrega de elementos básicos como EPP hasta el aseguramiento de las condiciones de trabajo. No podemos permitir que la modalidad contractual determine el nivel de protección de una persona o acaso ¿son personas trabajadoras consideradas de segunda o tercera categoría?. La salud y la vida de un trabajador contratista tiene exactamente el mismo valor y tienen el derecho a regresar sanos y salvos a su hogar.
Nuestra legislación es clara. El artículo 184 del Código del Trabajo establece el deber del empleador de proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores, mientras el artículo 183-E extiende responsabilidades preventivas a la empresa principal respecto de quienes trabajan en sus faenas. A ello se suma el Convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga a garantizar formación adecuada, supervisión, coordinación entre empleadores y participación de los trabajadores en materia de seguridad minera.
Por lo tanto, no estamos hablando de favores o “paleteadas”, ni menos aún de beneficios adicionales. Estamos hablando de derechos y obligaciones que deben cumplirse.
Sostengo que una operación verdaderamente segura necesita integrar todos estos elementos con el conocimiento práctico de quienes realizan, administran y supervisan el trabajo.
Las nuevas generaciones merecen recibir una formación sólida, acompañamiento y oportunidades reales de aprendizaje. No basta con explicarles cómo funciona un proceso y entregarles un procedimiento. Debemos asegurarnos de que comprendan sus riesgos, los alcances y responsabilidades de sus decisiones, sepan reconocer las condiciones sub estándar y tengan las competencias necesarias antes de asumir responsabilidades operacionales.
Valoro los esfuerzos de las organizaciones sindicales, particularmente de la Coordinadora de Trabajadores de la Minería (CTMIN), por participar en las instancias de diálogo y exigir avances concretos. Pero debemos ser categóricos: el diálogo social pierde sentido cuando no existen plazos, responsabilidades y mecanismos efectivos para comprobar el cumplimiento de los acuerdos.
Un Gobierno que reacciona, pero…
La responsabilidad del Estado merece un cuestionamiento profundo. Distintas administraciones han tenido oportunidades para fortalecer la prevención minera y no han logrado resolver las deficiencias estructurales que seguimos denunciando.
Pero el actual gobierno del presidente José Antonio Kast enfrenta una exigencia adicional: recuperar una credibilidad que, a mi juicio, se ha visto seriamente deteriorada por el incumplimiento de sus propias promesas de campaña y a mi juicio malas decisiones, sobre todo en las últimas semanas, que el propio Presidente terminó reconociendo errores en éstas, sobre todo las que tienen que ver con la protección de los menores y graves delitos a derechos humanos. Estos dos elementos, proteger a nuestros pequeños y resguardar los valores humanos, constituyen la base de nuestra sociedad y cualquier cosa que atente contra ello determina que clase de País queremos construir para los futuros hijos de Chile. Entonces, aunque se trata de una materia distinta de la seguridad laboral, considero legítimo preguntarnos, nos ayudaran estas autoridades a resolver el problema que tiene nuestro sector. Finalmente primará la orientación política por sobre la protección efectiva de las personas. No podemos seguir dependiendo de compromisos que cambian según la contingencia. La seguridad exige políticas de Estado, continuidad institucional y autoridades capaces de sostener sus decisiones con recursos y resultados verificables.
Estoy convencido de que los únicos responsables y encargados de resolver el problema de salud y seguridad en minería, son los altos ejecutivos, gerentes de salud y seguridad de las compañías, representantes de trabajadores de comités paritarios y sindicatos de empresas contratistas y de planta, de la pequeña, mediana y gran minería, todos sin exclusión, deben conformar mesas de trabajo, escuchar y aprender de las mejores practicas y resultados de la industria.
Chile, País Minero, necesita una minería moderna, eficiente. Una mina segura es la más productiva!
Waldo Pérez
Presidente Sindicato de Supervisores Minera Los Pelambres
