La CTMIN valoró el restablecimiento del diálogo tripartito entre trabajadores, Gobierno y empresas, pero advirtió que la recuperación de la inversión y la productividad no puede realizarse a costa de los derechos laborales, la estabilidad del empleo ni la vida de quienes trabajan en la minería.
La pérdida de cerca de 30 mil puestos de trabajo, el aumento de los accidentes fatales y los efectos de la automatización sobre el empleo marcaron la reactivación de la Comisión Sectorial Minera del Consejo Superior Laboral, instancia que volvió a sesionar este martes 14 de julio en dependencias de la Dirección del Trabajo, en Santiago.
La jornada reunió a representantes de las organizaciones sindicales, el Gobierno y las empresas, retomando un espacio de diálogo social que deberá enfrentar algunos de los problemas más urgentes de la principal actividad productiva del país. La Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras de la Minería, CTMIN, participó a través de dirigentes de FESAM, CTC, FESUC, CONFEMIN y FMC. La organización valoró la reactivación de la comisión, pero sostuvo que su continuidad debe traducirse en medidas concretas que mejoren las condiciones laborales y de seguridad de las y los trabajadores.
Treinta mil empleos perdidos
Durante la sesión, el subsecretario de Minería, Álvaro González, reconoció la pérdida de alrededor de 30 mil puestos de trabajo en el sector y señaló que el Gobierno buscará recuperar empleos de calidad, fortalecer la fiscalización y avanzar hacia una minería sin accidentes fatales.
Desde el Ministerio de Economía se informó, además, la existencia de una cartera de inversiones mineras cercana a los US$21 mil millones. Sin embargo, para las organizaciones sindicales, la reactivación de proyectos y el incremento de la productividad no pueden presentarse como objetivos separados de las condiciones en que se desarrolla el trabajo.
CTMIN advirtió que la recuperación del empleo no puede sostenerse mediante la precarización, el abuso de la subcontratación o el debilitamiento de los derechos colectivos. El crecimiento del sector, planteó la organización, debe estar acompañado de estabilidad laboral, salarios dignos, fortalecimiento sindical y una fiscalización efectiva. Esta posición resulta especialmente relevante frente a discursos que reducen la reactivación económica a la aceleración de inversiones o a la flexibilización de las relaciones laborales. Una minería verdaderamente moderna no puede medir su éxito exclusivamente por los niveles de producción, sino también por la calidad de los empleos que genera y por su capacidad para proteger la vida de quienes hacen posible esa producción.
Seguridad: una deuda que no admite postergaciones
Los antecedentes entregados durante la reunión reflejan una situación preocupante. De acuerdo con la información expuesta por Sernageomin, durante 2025 se registraron 2.250 accidentes laborales y 20 trabajadores fallecidos en 14 accidentes mineros, constituyendo la cifra más alta de la última década. Durante 2026 ya se contabilizan cuatro accidentes con resultado de muerte. Ante este escenario, CTMIN llamó a acelerar la implementación de la Política Nacional de Seguridad y Salud en Minería, fortalecer las capacidades fiscalizadoras del Estado y garantizar que la prevención tenga prioridad real frente a las metas productivas.
El desafío no consiste únicamente en perfeccionar protocolos o incorporar nuevas tecnologías. También requiere terminar con prácticas que exponen a trabajadores propios y contratistas a ritmos intensivos, jornadas prolongadas, falta de descanso y desigualdades en materia de protección laboral.
Automatización y reconversión laboral
Otro de los asuntos abordados fue el avance de la automatización y sus consecuencias sobre las fuentes de trabajo. CTMIN propuso realizar un diagnóstico sobre los empleos afectados, desarrollar programas de capacitación y reconversión laboral, y asegurar que las transformaciones tecnológicas no sean utilizadas simplemente para reemplazar trabajadores o reducir costos. La innovación tecnológica puede contribuir a disminuir la exposición a riesgos y mejorar los procesos productivos, pero sus beneficios deben distribuirse socialmente. Esto implica garantizar formación, movilidad laboral y participación sindical en las decisiones que afectan el futuro del empleo.
La organización también llamó a enfrentar las barreras que siguen limitando la presencia de mujeres en puestos operativos y cargos de responsabilidad, avanzando hacia una minería con igualdad efectiva y mejores condiciones para la conciliación laboral y familiar.
La Comisión Sectorial Minera acordó continuar sesionando mensualmente. Su verdadero valor, sin embargo, dependerá de que los diagnósticos y compromisos se transformen en políticas públicas, mayor fiscalización y mejoras verificables en los lugares de trabajo.
La recuperación de la minería no puede construirse sobre empleos inseguros, pérdida de derechos o debilitamiento de las organizaciones sindicales. El crecimiento económico solo adquiere legitimidad cuando se traduce en trabajo decente, distribución justa de la riqueza y protección efectiva de la vida.
PRENSA PODER LABORAL
