El Sindicato N°1 de Trabajadores de Minera Escondida y el Sindicato Interempresa de Trabajadores de Servicios recurrieron al Primer Tribunal Ambiental para solicitar la nulidad de la aprobación ambiental del proyecto “Modificaciones Operacionales en Planta Concentradora Laguna Seca y Nueva Línea Eléctrica Asociada”, iniciativa de Minera Escondida (BHP) que contempla una inversión cercana a los US$2.351 millones.
Las organizaciones sindicales cuestionan la decisión del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), luego que este rechazara las reclamaciones administrativas presentadas previamente por los trabajadores. A juicio de los sindicatos, la evaluación del proyecto no consideró adecuadamente los riesgos asociados a la calidad del aire y sus posibles efectos sobre la salud de quienes cumplen turnos en la faena y permanecen en los campamentos mineros. Entre los principales argumentos, sostienen que la iniciativa debió ingresar al sistema mediante un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y no a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), debido a que existirían antecedentes suficientes para evaluar eventuales riesgos para la salud de la población expuesta. También cuestionan que las normas de calidad del aire no hayan sido aplicadas plenamente respecto de los campamentos donde residen temporalmente los trabajadores.
Asimismo, los reclamantes afirman que el titular del proyecto no acompañó antecedentes suficientes para descartar los efectos contemplados en el artículo 11 de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, particularmente aquellos relacionados con emisiones atmosféricas y protección de la salud, situación que, aseguran, tampoco fue debidamente exigida por la autoridad ambiental durante la tramitación.
El Primer Tribunal Ambiental declaró admisibles ambas reclamaciones y resolvió acumularlas en un solo proceso, solicitando además al Director Ejecutivo del SEA un informe con los fundamentos de la decisión adoptada y todos los antecedentes administrativos del caso. El proyecto busca mantener la capacidad productiva de la Planta Concentradora Laguna Seca mediante modificaciones de ingeniería e infraestructura que compensen la disminución en las leyes del mineral y el aumento de su dureza, permitiendo sostener los niveles de producción autorizados en la operación de Minera Escondida.
La acción judicial presentada por los sindicatos trasciende una discusión técnica sobre permisos ambientales. El caso instala nuevamente el debate respecto del rol que deben tener los trabajadores en los procesos de evaluación de grandes proyectos mineros cuando estos pueden afectar directamente sus condiciones de salud y seguridad. Más allá del resultado judicial, la controversia evidencia que la protección ambiental y la protección laboral no pueden abordarse por separado: en la gran minería, ambas forman parte del mismo desafío de garantizar operaciones sostenibles y trabajo digno.
