Trabajadores del comercio quedarían expuestos a votar en medio de su jornada laboral.
La Cámara de Diputadas y Diputados dio luz verde a un proyecto que elimina el carácter irrenunciable del feriado en días de elecciones y plebiscitos. La propuesta, que ahora pasa al Senado para su segundo trámite constitucional, mantiene el feriado laboral, pero quita la prohibición actual que impide abrir centros comerciales durante las jornadas electorales.
La votación fue ajustada: 87 a favor, 54 en contra y dos abstenciones. Con este respaldo, se modifica la normativa vigente que hasta ahora protegía a los trabajadores del comercio con un día libre irrenunciable para votar.
¿Por qué se cambia la norma?
Quienes impulsan el proyecto argumentan que la prohibición actual afecta económicamente tanto a grandes comercios como a pequeños locatarios y emprendedores ubicados en strip centers. Además, señalan que genera diferencias injustas entre locales similares, según el lugar donde funcionan. Como compensación, se aumentó de tres a cuatro horas el permiso que tendrán los trabajadores para ausentarse de sus labores y acudir a votar. Ese punto, cabe destacar, fue aprobado por unanimidad.
Posturas enfrentadas en el debate
Quienes apoyaron la iniciativa en el Congreso sostuvieron que el feriado irrenunciable perjudica la actividad comercial, reduce ingresos variables como comisiones o propinas, y termina favoreciendo al comercio informal, que no cumple con las mismas cargas tributarias ni laborales. En la vereda opuesta, los parlamentarios que rechazaron el proyecto advirtieron que se está eliminando una protección laboral ya existente. A su juicio, el debate no puede enfocarse solo en el impacto económico para las empresas, sino en las condiciones reales de quienes trabajan en el retail, sector donde hay una alta presencia de mujeres, muchas de ellas jefas de hogar.
El nudo: voto obligatorio vs. condiciones reales
Uno de los puntos más delicados es la tensión entre el voto obligatorio y las garantías efectivas para ejercerlo. Mientras el país avanza hacia sanciones para quienes no voten, paradójicamente se abre la posibilidad de que miles de trabajadores tengan que organizar solos su jornada laboral, traslados, cuidados familiares y las largas filas en los locales de votación, todo dentro de un margen de tiempo muy acotado.
El Ejecutivo respaldó la propuesta. Desde el Gobierno explicaron que no se busca enfrentar democracia con economía, sino evitar diferencias arbitrarias entre comercios según su tipo de administración o ubicación.
Desde la perspectiva de los trabajadores, el derecho a voto no puede quedar supeditado a la continuidad operacional del comercio ni al cálculo económico de las empresas. Aumentar el permiso de tres a cuatro horas suena como una mejora formal, pero no reemplaza la garantía efectiva que otorga un feriado irrenunciable: permitir que las personas trabajadoras participen en democracia sin presiones, sin miedo a represalias, sin pérdida de ingresos y sin tener que negociar individualmente con sus empleadores. El fondo del debate no es solo si los comercios abren o no. La pregunta clave es qué lugar ocupa la democracia cuando choca con intereses económicos. Si votar es obligatorio, el Estado debe asegurar condiciones reales para hacerlo. Y esas condiciones deben proteger sobre todo a quienes tienen menos control sobre su tiempo: trabajadoras y trabajadores sometidos a turnos, jornadas largas, responsabilidades de cuidado y dependencia económica.
Lo que viene en el Senado definirá si Chile quiere fortalecer la participación democrática con derechos laborales claros, o si seguirá trasladando el costo de esa participación a los hombros de los trabajadores del comercio.
PRENSA PODER LABORAL
