Domingo 18 de octubre de 2026.
Con un 94,49% de aprobación y una participación del 97,32%, los trabajadores de Distrito Centinela y Minera Esperanza ratificaron un nuevo contrato colectivo que, según sus organizaciones, pone fin a años de diferencias laborales. El acuerdo llega después de una huelga marcada por campamentos en Santiago y faena, tres trabajadores en huelga de hambre y una fiscalización que, de acuerdo con los sindicatos, constató reemplazos ilegales. El desenlace deja una interrogante para la compañía del grupo Luksic: ¿era necesario llegar a estos extremos para reconocer una demanda de igualdad?
Después de diez días de huelga legal, una movilización que trascendió las instalaciones de Minera Centinela y un conflicto que adquirió visibilidad nacional e internacional, los sindicatos de Trabajadores Distrito Centinela y Minera Esperanza anunciaron este sábado el término exitoso de su negociación colectiva con la empresa perteneciente a Antofagasta Minerals.
La propuesta de contrato colectivo obtuvo un contundente 94,49% de aprobación, en una votación que registró una participación del 97,32% de las bases sindicales. El resultado ratificó el acuerdo alcanzado durante la noche del viernes, luego de intensas conversaciones que permitieron destrabar un conflicto que hasta pocos días antes parecía lejos de una solución.
Pero el principal triunfo que reivindican las organizaciones no se encuentra exclusivamente en las condiciones económicas del nuevo instrumento. La incorporación de una cláusula de igualdad y equidad laboral constituye la conquista central de una negociación que buscaba terminar con las diferencias de remuneraciones y beneficios entre trabajadores que cumplen funciones equivalentes dentro de una misma compañía.
Se trata de una demanda que las organizaciones sostuvieron desde el inicio del proceso y que, según denunciaron reiteradamente, había encontrado una persistente resistencia de la administración.
Una negociación que terminó convirtiéndose en conflicto abierto
El proceso comenzó formalmente el 14 de agosto, cuando ambas organizaciones, encabezadas por Héctor Aguilera, presidente del Sindicato Distrito Centinela, y Milenko Díaz, presidente del Sindicato Minera Esperanza, entregaron conjuntamente su proyecto de contrato colectivo.
Desde entonces, la discusión estuvo atravesada por una exigencia que los sindicatos consideraban irrenunciable: establecer mecanismos efectivos para terminar con las diferencias laborales respecto de trabajadores pertenecientes a otra organización sindical de la misma operación.
La falta de avances terminó por agotar la paciencia de las bases. El 28 de septiembre, los trabajadores aprobaron la huelga con un 98,73% de respaldo y una participación del 100% de los socios habilitados, entregando una señal inequívoca de unidad.
Al día siguiente, una manifestación frente al edificio corporativo de Antofagasta Minerals en Santiago, acompañada por dirigentes de la CUT y la Federación Minera de Chile, elevó la presión sobre la administración. Horas después, la compañía solicitó la Mediación Obligatoria ante la Dirección del Trabajo.
Sin embargo, aquella instancia concluyó sin acuerdo.
El miércoles 7 de octubre, a las 08:00 horas, los trabajadores hicieron efectiva la huelga legal, instalando campamentos tanto en las inmediaciones de la operación minera como frente a las oficinas corporativas de Antofagasta Minerals en Santiago.
La movilización transformó una controversia contractual en un conflicto público que comenzó a cuestionar las relaciones laborales al interior de una de las principales operaciones de la gran minería privada chilena.
La empresa puso los millones sobre la mesa, pero los trabajadores exigían igualdad
Durante el conflicto, Minera Centinela destacó públicamente una propuesta que incluía un bono de término de negociación de $22,5 millones líquidos, un préstamo blando de $3,5 millones y un incremento real del 2% del sueldo base, entre otros beneficios.
La compañía sostuvo que las diferencias existentes entre instrumentos colectivos respondían a negociaciones realizadas en distintos períodos y no a una política de discriminación.
Sin embargo, para los sindicatos el problema iba mucho más allá de los montos ofrecidos.
La controversia no consistía solamente en cuánto recibirían los trabajadores, sino en por qué una misma empresa mantenía condiciones diferentes para personas que, según las organizaciones, realizan labores equivalentes.
El argumento empresarial sobre los distintos calendarios de negociación no resolvía la cuestión de fondo: la persistencia de esas brechas y la necesidad de establecer garantías para impedir que continuaran reproduciéndose.
Desde esa perspectiva, el acuerdo anunciado este sábado adquiere una dimensión mayor. Según las directivas, la cláusula de igualdad y equidad finalmente conquistada aborda precisamente el problema que motivó la movilización.
Tres trabajadores llevaron la protesta hasta el límite de su salud
Uno de los episodios más complejos del conflicto comenzó el 9 de octubre, cuando tres integrantes de las organizaciones iniciaron una huelga de hambre para respaldar las demandas colectivas.
Con el paso de los días, los reportes médicos difundidos por los sindicatos advirtieron pérdidas significativas de peso y los primeros síntomas de debilidad física.
La medida expuso el alto costo humano que había alcanzado la negociación.
El 14 de octubre, Minera Centinela cuestionó públicamente la protesta, calificándola como una medida de presión desproporcionada y manifestando preocupación por la salud de los involucrados.
No obstante, esa posición fue duramente cuestionada por las organizaciones, que insistieron en la responsabilidad empresarial por la prolongación del conflicto y la ausencia de una respuesta satisfactoria a sus demandas.
La pregunta que surge tras el acuerdo es inevitable: si finalmente fue posible avanzar hacia una cláusula de igualdad, ¿por qué las conversaciones debieron llegar hasta una huelga de hambre para alcanzar ese resultado?
Una fiscalización laboral agravó los cuestionamientos a la compañía
A la tensión negociadora se sumó un antecedente particularmente grave.
El 15 de octubre, los sindicatos informaron que una fiscalización de la Inspección Provincial del Trabajo había constatado el reemplazo ilegal de trabajadores durante la huelga.
Según los antecedentes comunicados por las organizaciones, el Oficio Ordinario N.º 201-63910/2026 identificó la utilización de personal del laboratorio del área de producción de cátodos para desarrollar funciones correspondientes a trabajadores movilizados.
El episodio abrió un nuevo frente de cuestionamientos hacia Minera Centinela, especialmente por las implicancias que las prácticas de reemplazo tienen sobre el ejercicio efectivo del derecho a huelga.
Mientras la compañía aseguraba públicamente que mantenía sus operaciones conforme a la legislación vigente, los sindicatos denunciaban una situación que, de acuerdo con la fiscalización que dieron a conocer, contravenía las restricciones legales sobre reemplazos.
El cierre de la negociación colectiva no elimina la relevancia de estos antecedentes ni la necesidad de esclarecer las responsabilidades que pudieran corresponder.
Campamentos pacíficos y solidaridad con los mineros
La movilización también dejó imágenes de organización y solidaridad que acompañaron los diez días de huelga.
En Santiago, el campamento instalado frente al edificio de Antofagasta Minerals se transformó en un punto de encuentro para organizaciones sindicales, dirigentes y trabajadores que llegaron a expresar su respaldo.
Según destacaron ambas directivas, la convivencia con los vecinos del sector se desarrolló en un ambiente de respeto, llegando incluso a recibir colaboración y muestras de solidaridad de quienes viven en las inmediaciones.
En faena, las organizaciones resaltaron la conducta disciplinada de los mineros movilizados, sin disturbios ni alteraciones del orden.
La huelga se desarrolló, de acuerdo con el balance sindical, de manera completamente pacífica y organizada, demostrando que una paralización puede sostenerse con firmeza, responsabilidad y respeto por la comunidad.
El apoyo de familiares, dirigentes de otras organizaciones y trabajadores de distintos sectores productivos fue también un componente relevante para sostener una movilización que adquirió una dimensión nacional.
Un triunfo sindical que deja preguntas pendientes para Antofagasta Minerals
En su declaración pública, los sindicatos expresaron su reconocimiento a las bases, a los trabajadores que sostuvieron los campamentos, a las familias y a los tres compañeros que protagonizaron la huelga de hambre.
También destacaron el trabajo de la comisión negociadora, cuya conducción permitió transformar la unidad sindical en un acuerdo respaldado ampliamente por los trabajadores.
Pero junto con celebrar el resultado, las organizaciones dirigieron un emplazamiento a Minera Centinela.
“¿Era necesario prolongar este conflicto hasta estos extremos para reconocer una demanda de justicia tan evidente?”, cuestionaron las directivas en su comunicado.
La interrogante resume buena parte de las tensiones de una negociación en la que la empresa exhibió importantes ofertas económicas, mientras los trabajadores insistieron en que la igualdad de trato no podía quedar subordinada a un bono de término de conflicto.
El desenlace también constituye una señal para la gran minería. La rentabilidad, la continuidad operacional y los resultados productivos no pueden ser los únicos parámetros para evaluar una relación laboral. La capacidad de escuchar y resolver demandas legítimas antes de que deriven en conflictos prolongados es igualmente relevante.
En Centinela, la presión organizada de más de 700 trabajadores permitió alcanzar un acuerdo que las propias organizaciones consideran histórico.
El resultado fortalece el valor de la negociación colectiva y demuestra que la unidad entre sindicatos puede convertirse en una herramienta efectiva frente a las decisiones de grandes compañías mineras.
Para Antofagasta Minerals, en cambio, queda pendiente una reflexión sobre su forma de relacionarse con las organizaciones sindicales, los cuestionamientos surgidos durante la huelga y el costo humano de haber prolongado una controversia que terminó resolviéndose en la mesa negociadora.
La huelga concluye, pero deja una lección que trasciende las fronteras de Minera Centinela: los derechos y la dignidad de los trabajadores no pueden reducirse a cifras económicas. La igualdad laboral es una demanda de justicia que merece respuestas oportunas, no conflictos llevados al límite.
PRENSA PODER LABORAL
