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Sector público inicia negociación del reajuste 2027 con Hacienda y Trabajo en un contexto de recortes presupuestarios

Organizaciones del sector público valoran la instalación de la mesa con el Gobierno, pero advierten que el ajuste fiscal no puede recaer sobre los trabajadores. Piden responder a un pliego de 6,3% nominal, resolver antes del 30 de noviembre la situación del personal a contrata y avanzar en demandas pendientes. 

Santiago, 18 de noviembre de 2026. Cada año, el reajuste de remuneraciones del sector público se define mediante una negociación entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público, coordinada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) e integrada por 16 organizaciones del Estado, entre ellas la ANEF, el Colegio de Profesoras y Profesores, ASEMUCH y CONFEDEPRUS. 

El 4 de noviembre, la Mesa entregó en La Moneda su Pliego de Negociación 2026, que solicita un reajuste nominal de 6,3%, equivalente a un incremento real de 2%, para el período diciembre de 2026 a noviembre de 2027. También plantea reducir brechas salariales y territoriales, fortalecer la estabilidad laboral y garantizar derechos sindicales, jornada de 40 horas, teletrabajo, equidad de género y cuidados. 

La primera reunión formal se realizó el lunes 16 de noviembre, a las 8:30 horas, con los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz, y del Trabajo, Tomás Rau, además de la Dirección de Presupuestos y el Servicio Civil.

José Pérez Debelli, presidente nacional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), organización sindical fundada en 1943 por Clotario Blest, explicó que el pliego reúne demandas económicas y laborales de nivelación y busca universalizar derechos. Entre las demandas históricas mencionó seguridad funcionaria, teletrabajo, 40 horas, salud mental, trabajo decente y libertad sindical. 

En lo económico, Pérez Debelli planteó recuperar el poder adquisitivo mediante el IPC acumulado, con bonos que aumenten en la misma proporción: “somos trabajadores del Estado de Chile, necesitamos recuperar ese poder adquisitivo”. Agregó que la ANEF mantiene además una mesa sectorial con el Ministro del Trabajo, el Servicio Civil y Presupuestos, desde el 25 de junio. 

El dirigente sostuvo que la negociación se vincula con la defensa de un Estado eficaz y suficiente, con atribuciones, financiamiento y dotaciones para garantizar derechos sociales. Advirtió que el presupuesto 2027 está a la baja y que la eficiencia “no puede confundirse con la reducción indiscriminada del gasto”, ni con la eliminación de programas o la disminución de personal. 

Pérez Debelli puso énfasis en la no renovación de contratas: este personal tiene contrato temporal del 1 de enero al 31 de diciembre y, según explicó, el 30 de noviembre es el plazo legal para conocer quiénes no continuarán. Quienes salen “se van sin indemnización”, aseguró, y cesantes no acceden al seguro de cesantía, lo que a su juicio afecta la memoria del Estado. 

En la última parte de su exposición, vinculó el pliego con la equidad salarial y el cierre de brechas con los territorios, pues el Estado llega a todos los rincones del país. Sostuvo que “la responsabilidad fiscal debe estar al servicio del cumplimiento de las obligaciones del Estado” y que el ajuste no debe trasladarse a quienes requieren servicios oportunos y de calidad.

Laura San Martín, coordinadora de la CUT, señaló que esperan “un reajuste decente, que por lo menos resguarde el poder adquisitivo”, y que el gasto no se haga a costa de los ministerios, los programas ni los contratos de trabajo. Planteó además una agenda de trabajo decente, certeza laboral y la reactivación de mesas dormidas, como las de 40 horas, salud mental y seguridad funcionaria. 

Sobre el arranque de las conversaciones, afirmó que “es muy pronto para hacer una evaluación”, pues la reunión del lunes fue protocolar y da continuidad a una tradición de negociación colectiva del sector público que, dijo, se sostiene desde 1990. Espera la respuesta del Gobierno entre el fin de semana y la próxima semana a más tardar. 

San Martín exigió además respuestas pendientes: “tuvimos 48 reuniones en la mesa de trabajo y todavía no tenemos respuesta”. Citó una norma de salud mental que estaba en Contraloría, que el Servicio Civil retiró y que aún no se reingresa, pese a que los problemas de salud mental figuran entre las enfermedades que más licencias producen. 

La CUT convocó para este miércoles 18 de noviembre una jornada nacional de movilización junto a estudiantes y pobladores, contra los recortes del proyecto de Ley de Presupuestos 2027. Según San Martín, “hay recortes en educación, hay recortes en salud, hay recortes en vivienda”, lo que en salud derivaría, advirtió, en una emergencia sanitaria el próximo año.

Camila Fuentevilla Maturana, presidenta de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (CONFEDEPRUS), valoró que se instalara la mesa con los ministros de Hacienda y Trabajo y el Servicio Civil, pese a que, recordó, figuras del Gobierno dijeron durante la campaña que los funcionarios eran “parásitos”. 

Fuentevilla espera que la mesa sea más resolutiva que los espacios previos: con más de 48 reuniones transversales y temáticas, afirmó que “las cuestiones concretas en las cuales hemos podido avanzar como trabajadores y trabajadoras han sido prácticamente cero”. En salud, mencionó como pendientes el proyecto de ley del DFL 31, ya ingresado al Congreso sin avances, y la iniciativa sobre el hospital digital. 

La dirigente destacó la buena voluntad de ambas partes, pero notó que el ministro Quiroz volvió a mencionar la estrechez fiscal. Dijo esperar que el costo de la crisis, agravado a su juicio por el manejo del Gobierno, “no la tengamos que pagar las y los trabajadores”, y recordó que es la mayor negociación ramal del país, con más de un millón de trabajadores beneficiados. 

Fuentevilla explicó que la unidad de la mesa se sostiene con estrategias comunicacionales, lobby parlamentario en la tramitación de la ley de reajuste y participación en las movilizaciones. El jueves 19 de noviembre, a las 10:00, CONFEDEPRUS realizará una concentración en Valparaíso y, de requerirse, “vamos a sacar a nuestros socios y socias a la calle”, mientras exige al Gobierno pronunciarse antes de fin de mes sobre las contratas. 

Los tres testimonios coinciden en un diagnóstico: el Gobierno abrió el diálogo, pero las organizaciones aún no ven resultados concretos. Pérez Debelli advierte que la eficiencia no puede traducirse en recortes ni despidos; San Martín reclama respuestas a lo ya conversado y moviliza contra los recortes; Fuentevilla valora la mesa, aunque exige que sea resolutiva y que la crisis no recaiga sobre los trabajadores. 

Al 19 de noviembre, la negociación está en su fase inicial: el pliego se entregó el 4, la primera reunión formal fue el 16 y la CUT espera una respuesta del Gobierno a más tardar la próxima semana. La movilización de hoy, la concentración del jueves 19 y el plazo del 30 de noviembre para las contratas marcarán el pulso de una negociación donde el equilibrio entre responsabilidad fiscal y poder adquisitivo sigue abierto.

PRENSA PODER LABORAL

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