Codelco anunció la suspensión temporal de riesgo sísmico emergente asociado a la mayor profundidad de la mina. Una fuente interna confiable señaló a Poder Laboral que este martes los presidentes de las organizaciones sindicales Rol A y Rol B de Codelco El Teniente se reunieron con la Gerencia General, la Gerencia de Personas y la Gerencia de Operaciones de la división, instancia en que se abordaron los alcances de una medida con efectos laborales inmediatos y para la cual no existiría hasta ahora un plan general de reubicación de trabajadores contratistas.
Codelco informó este 4 de agosto que suspendió temporalmente las actividades de desarrollo y construcción de Andes Norte como medida preventiva. Según el comunicado oficial, la decisión se sustenta en antecedentes recopilados durante los últimos seis meses, que identificaron un “fenómeno sísmico emergente” distinto de los riesgos históricamente conocidos. La estatal agregó que los antecedentes son consistentes con un posible riesgo asociado a la mayor profundidad de las obras y que será necesario reforzar instrumentación, monitoreo y análisis técnico para definir medidas de control antes de continuar el proyecto.
La decisión se conoce a poco más de un año del estallido de roca del 31 de julio de 2025, tragedia que dejó seis trabajadores fallecidos y nueve heridos en El Teniente.
Una fuente interna confiable de los sindicatos Rol B, presente en la reunión de este martes, indicó a Poder Laboral que el impacto se concentraría en contratistas y podría involucrar entre 2.700 y 3.500 trabajadores. La misma fuente aseguró que la decisión de cerrar Andesita y Andes Norte habría sido adoptada por el Directorio de Codelco el jueves 30 de julio. El comunicado oficial, en cambio, se refiere a una “suspensión temporal” de Andes Norte. Andesita permanece paralizada desde el accidente de 2025.
Sobre el alcance contractual, la fuente advierte que la aplicación sería inmediata. La Tercera informó este martes que Andes Norte involucra a cuatro empresas contratistas y 27 contratos asociados, donde trabajan cerca de tres mil personas, y que la suspensión no tiene un cronograma definido.
La fuente señaló además que no existiría un plan general de reubicación para quienes pierdan sus puestos de trabajo. Algunas empresas intentarían trasladar personal, pero las posibilidades serían limitadas. En contraste, la gerencia habría descartado desvinculaciones masivas de trabajadores propios Rol A y Rol B como consecuencia directa de esta decisión.
Codelco afirmó oficialmente que comunicó la medida a las empresas involucradas e inició una suspensión ordenada considerando medidas “administrativas, contractuales y laborales”. También aseguró que mantendrá coordinación con las contratistas y velará por el estricto cumplimiento de la legislación laboral.
La seguridad debe estar por sobre cualquier consideración productiva. Pero una decisión que puede comprometer miles de empleos exige información y diálogo con los sindicatos, protección íntegra de los derechos, cumplimiento de las obligaciones legales y un plan efectivo de reubicación en otras faenas, contratos o proyectos cuando sea posible.
La prevención no puede terminar trasladando el costo de una crisis de seguridad sobre miles de trabajadores y sus familias.
PRENSA PODER LABORAL
